Todos hemos oído las declaraciones del ministro Corbacho referentes a la contratación en origen de inmigrantes y la intención del gobierno de eliminar esta posibilidad. ¿Acierta el gobierno con esta medida? A pesar de la lluvia de críticas que ha recibido Corbacho, yo estoy de acuerdo con él. En un país en el que el paro está subiendo a buen ritmo, y mucho más que subirá, es evidente que no se necesitan más trabajadores. Si yo tengo trabajo para cinco personas y hay un total de siete queriendo trabajar, es una estupidez buscarme otros dos.
Los contrarios a esta medida del gobierno argumentan que hay una serie de trabajos que los españoles no queremos hacer y son los inmigrantes quienes los ocupan. De acuerdo, pero es una verdad a medias. ¿Los españoles no quieren trabajar en la vendimia? Sí que quieren, pero no cobrando la miseria que ofrecen los agricultores. Un buen ejemplo de esto son los muchos españoles que van a Francia para trabajar en la vendimia, evidentemente cobrando mucho más que aquí en España.
Así que no hay trabajos no deseados por los españoles, sino trabajos insuficientemente remunerados para, quizás, un padre de familia que tiene que echar adelante los hijos y la hipoteca o el alquiler. No descubro nada si digo que en la agricultura la cantidad de inmigrantes ilegales es enorme. Los agricultores buscan al empleado más barato posible, sin escrúpulos a la hora de "contratar" inmigrantes para trabajos de 12 horas diarios, pagándoles unas cantidades de risa. Así pues, serían necesarios mejores salarios en el sector agrario para que los españoles estuviésemos dispuestos a trabajar en el campo. Pero esto nos lleva a otro problema.
Todos sabemos que los agricultores cobran muy poco por sus productos, los cuales pueden multiplicar por cinco su precio desde el campo hasta las tiendas. Se ve bien claro que aquí quienes se forran son los intermediarios. Qué bien iría una serie de medidas por parte del gobierno que permitiesen un mejor precio para los agricultores a costa de reducir el margen de beneficio de intermediarios. Supongamos que el agricultor cobra 10 por un producto que llega a los supermercados a 50. Pues bien, que le paguen 20 al agricultor, pero que el precio final siga siendo 50. Con ello consigues que el sector agrario gane el doble que antes y sea capaz de ofrecer mejores salarios a sus trabajadores.
El problema es que muchos terratenientes abrazarían los nuevos beneficios, pero seguirían contratando a inmigrantes ilegales al menor precio posible. Al fin y al cabo, España es un país de pandereta.
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